Esta ficha reúne información verificada sobre seguridad privada en Oaxaca. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró 4,132,148 habitantes en la entidad. Esa dimensión sirve para ubicar el territorio, pero no equivale a una medición de demanda, a un padrón de proveedores ni al nivel de riesgo de una propiedad. La decisión de contratar, buscar empleo o proponer un gasto condominal necesita revisar el lugar, la actividad y los documentos concretos.
Oaxaca cuenta con una ventaja documental poco frecuente: la autoridad estatal publicó un listado de 95 empresas de seguridad privada con autorización vigente, con corte al 7 de agosto de 2026. El dato es útil y debe leerse con su alcance exacto. El padrón acredita lo que el documento enumera en esa fecha; no acredita por sí solo la calidad de un proveedor, el personal que tiene disponible, su cobertura en un municipio o la modalidad precisa que ofrece a un cliente. La propia advertencia del listado es directa: el registro busca dar confianza a las prestatarias y llama a no contratar empresas irregulares.
Un territorio diverso: el estado no sustituye al lugar de adscripción
Oaxaca de Juárez es capital, sede de gobierno y centro económico, turístico y cultural de los Valles Centrales. Su Centro Histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El INEGI registró 270,955 habitantes en el municipio en 2020, equivalentes a 6.6% de la población estatal. Es deliberadamente una cifra municipal: no fue posible confirmar durante esta investigación una delimitación oficial de zona metropolitana para Oaxaca de Juárez, así que no se presenta una cifra metropolitana como si estuviera comprobada.
San Juan Bautista Tuxtepec, con 159,452 habitantes en el Censo 2020, es un polo de la Cuenca del Papaloapan y tiene un contexto tropical y agroindustrial vinculado con la región del Golfo. Juchitán de Zaragoza registró 113,570 habitantes; es un centro del Istmo de Tehuantepec y participa de un entorno en el que se desarrolla el Corredor Interoceánico. Salina Cruz, con 84,438 habitantes, es un puerto industrial y petrolero, sede de refinería y parte del mismo contexto istmeño.
Estas referencias no autorizan a copiar una cotización, un protocolo o una vacante de una ciudad a otra. La escala y el perfil económico no dicen cuántas entradas tiene un condominio, qué horarios de entrega enfrenta un comercio, qué áreas comunes deben cubrirse o qué tareas hará un guardia. Antes de comparar propuestas, se deben definir posiciones, turnos, registros, responsable de incidencias y límites del personal privado. Antes de aceptar un empleo, se deben precisar lugar de adscripción, jornada, descansos, funciones y razón social contratante.
Oaxaca colinda con Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas. En el sitio puede consultar las fichas publicadas de Puebla, Veracruz y Chiapas. La vecindad geográfica no traslada permisos entre entidades: una autorización estatal debe revisarse según el lugar donde se prestará el servicio.
Dos referencias de incidencia que no deben mezclarse
La información disponible ofrece dos conjuntos de datos distintos. El primero es un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, fechado el 30 de diciembre de 2024, que usa datos del SESNSP. Al comparar enero-noviembre de 2022 contra enero-noviembre de 2024, informó una reducción de 12.70% en incidencia delictiva total. El comunicado cita 40,016 delitos denunciados en 2022, 39,135 en 2023 y 34,931 en 2024. También reporta una reducción de 34.01% en robo a casa habitación de 2023 a 2024, pero no proporciona ahí un número absoluto de casos para ese delito.
El segundo es el reporte DISI Ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, publicado el 20 de enero de 2026 con datos SESNSP. Para Oaxaca, informa 8,608 delitos de alto impacto en 2019 y 4,869 en 2025, una variación de -43%. Coloca a la entidad en el lugar 9 de 32 por disminución porcentual y reporta una tasa 2025 de 112 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, frente a media nacional de 221. El reporte no desglosa robo a casa habitación específicamente para Oaxaca.
No es correcto promediar, sumar ni usar una cifra para “confirmar” la otra. La primera fuente usa delitos denunciados para un periodo 2022-2024 y entrega además un cambio porcentual específico de robo a casa habitación de 2023 a 2024. La segunda usa delitos de alto impacto, una categoría agregada, para 2019-2025. Cambian el periodo, la categoría y la forma de presentar el indicador. Ninguna permite diagnosticar una colonia, un condominio, una empresa o un inmueble. Una evaluación útil comienza con los accesos, iluminación, flujos, visitantes, activos, horarios, incidentes documentados y responsables del sitio.
Dos ordenamientos, dos funciones dentro del marco legal
El marco aplicable debe explicarse sin convertir dos normas en una sola. La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca es el texto de mayor jerarquía y más reciente que confirma la facultad actual. Su Decreto 1229 fue aprobado el 4 de abril de 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 16 del 22 de abril de 2023. El artículo 45, fracción XIV, faculta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para autorizar los servicios de seguridad privada, además de evaluar, vigilar y supervisar su funcionamiento. La fracción XV le atribuye aplicar sanciones y terminar la autorización.
La ley de 2023 asigna competencia; no desarrolla las modalidades, la vigencia o las sanciones detalladas de seguridad privada. Esas reglas se encuentran en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada, publicado el 20 de octubre de 2001 en el Periódico Oficial, Tomo LXXXIII, número 42, tercera sección. Este es el ordenamiento operativo de detalle. No fue posible confirmar una reforma posterior a 2001 del reglamento en sí, y esa cautela se conserva.
El artículo 8 del reglamento todavía nombra a la Secretaría de Protección Ciudadana y a la Dirección del Registro Único de Policías de Oaxaca, RUPO, para comprobar requisitos, emitir autorizaciones y llevar registros. La continuidad institucional no se presume: se puede verificar porque la ley posterior de 2023 atribuye expresamente la autorización al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el sitio institucional actual identifica una Dirección de Seguridad Privada que gestiona trámites. Por eso la confianza del marco es alta, sin borrar que el reglamento conserva nombres antiguos y sin decir que fue reformado cuando esa reforma no se confirmó.
El reglamento reconoce seis modalidades en su artículo 13: protección, vigilancia o custodia de personas; protección o vigilancia de inmuebles e instalaciones; protección o vigilancia de bienes, incluido su traslado; establecimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad; localización e información sobre personas y bienes; y actividades vinculadas directamente con los servicios de seguridad privada. El listado no vuelve intercambiables los servicios. Un condominio debe describir su control de accesos y rondines; un traslado de bienes y un sistema de seguridad requieren alcances diferentes.
La autorización dura un año desde su expedición y es revalidable. La solicitud de revalidación debe presentarse 30 días hábiles antes del vencimiento. Para revisar una empresa específica, pida el documento vigente, la razón social que suscribirá el contrato y la modalidad que corresponde al servicio. El padrón es un punto de partida sólido, no una sustitución de esa revisión.
El artículo 38 del reglamento fija multas en salarios mínimos diarios de la zona económica donde se presta el servicio: de 100 a 2,000 veces para determinadas obligaciones y de 250 a 3,000 veces para otros supuestos. La reincidencia puede duplicar la multa, llevar a suspensión de tres a seis meses según gravedad o a revocación en los casos más graves. El artículo 23, fracción XXXV, exige una póliza de fianza vigente que garantice obligaciones, sin fijar monto. El reglamento es anterior a la UMA y no se confirmó una reforma que cambie su unidad de referencia. Por ello no se convierte el rango a UMA ni a pesos. La guía de ley y requisitos en Oaxaca desarrolla la relación entre ambos textos.
Padrón, empleo y decisiones que no se desprenden de una sola cifra
El listado oficial de 95 autorizaciones vigentes incluye sociedades anónimas de capital variable, personas físicas con actividad empresarial y sociedades civiles. Entre los servicios autorizados aparecen vigilancia de inmuebles, protección de personas, custodia de valores y sistemas de seguridad. La variedad jurídica y operativa confirma por qué un conteo no dice si una empresa concreta está autorizada para la actividad que le interesa contratar. Revise la coincidencia entre razón social, vigencia, modalidad, propuesta y contrato.
Para empleo, Indeed México reportó al 14 de julio de 2026 un promedio de $7,876 mensuales para guardia de seguridad privada en Oaxaca, con rango de $7,876 a $9,602 y 28 sueldos reportados. La propia página lo sitúa 8% por debajo de su promedio nacional. La muestra es mayor que una anécdota individual, pero sigue siendo limitada y procede de reportes de usuarios. No prueba una tarifa de proveedor ni asegura una oferta. Quien se postula debe pedir sueldo base, bonos, prestaciones, turno, descansos y funciones por escrito. Quien contrata debe separar este referente laboral del costo integral de una posición, que también depende de cobertura, supervisión, relevos y equipo. Consulte la guía de empleo de guardia en Oaxaca.
Condominios: asamblea, reglamento interno y gasto común
La Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Oaxaca fue reformada mediante Decreto 2646, aprobado el 18 de agosto de 2021 y publicado el 18 de septiembre de 2021. El artículo 33, fracción XIII, faculta a la asamblea general para establecer medios y medidas de seguridad y vigilancia, y definir la participación de condóminos o poseedores con apoyo eventual de la autoridad. No ordena contratar un servicio determinado ni transforma al guardia privado en autoridad pública.
La fracción XIII no señala una mayoría especial. En consecuencia, para este acuerdo aplica la regla general del artículo 31, fracción II: mayoría simple de votos de los presentes. Un acuerdo claro debe dejar objeto, presupuesto, duración, responsable para formalizarlo, alcance del servicio y forma de rendir cuentas. El artículo 53, fracción XVII, permite que el reglamento interno incorpore bases para el Programa Interno de Protección Civil y comités de seguridad; es un complemento útil, no una justificación para inventar atribuciones.
Los gastos de vigilancia y seguridad se cubren desde el fondo de administración y mantenimiento para servicios no individualizados de áreas comunes, y se distribuyen conforme al porcentaje de indiviso de cada unidad privativa, de acuerdo con el artículo 55, fracción I. Primero se define qué se contratará y cómo se medirá; después se decide cómo se distribuye. La guía de seguridad para condominios en Oaxaca explica esos artículos y sus límites.
Oaxaca es una cobertura de expansión. Esta ficha aporta fuentes, no una promesa de servicio propio ni una solución automática para cualquier municipio. La contratación responsable verifica documentos; la administración documenta su acuerdo; y el candidato exige claridad sobre el puesto. Ese método es más útil que convertir una cifra estatal, un padrón o una autorización en una conclusión que no contienen.