El régimen de Coahuila parte de un reglamento y de una clasificación por tipo de prestador. Para quien contrata, administra o presta el servicio, no basta con que exista un documento llamado autorización: debe identificarse quién lo emitió, qué tipo de servicio cubre y si sigue vigente.
Un reglamento estatal, no una ley específica
El Reglamento que Regula la Prestación de los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Coahuila de Zaragoza se publicó el 8 de octubre de 1999 en el Periódico Oficial No. 81. Los artículos 4 y 7 atribuyen la regulación a la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, mediante la Subsecretaría de Seguridad Pública.
No se identificó una reforma posterior al texto original en las fuentes consultadas. La ausencia de una fecha de reforma localizada no permite afirmar que nunca haya existido una modificación: solo delimita con honestidad el texto que esta guía pudo verificar.
Cinco tipos de prestador: no son actividades intercambiables
El artículo 9 clasifica cinco tipos de prestador:
- Empresas de Seguridad Privada: vigilancia y custodia de locales, transportación de valores e investigaciones.
- Organismos de Seguridad Privada: seguridad interna de instituciones bancarias, industrias y comercios.
- Grupos de Seguridad Personal: protección personal exclusivamente.
- Compañías de Sistemas de Alarmas: monitoreo mediante sistemas de alarmas.
- Agencias: asesoría en prevención de riesgos de seguridad.
La clasificación es importante porque organiza a los prestadores, no una lista genérica que cualquier autorización cubra en automático. Pida al proveedor que relacione su autorización con las funciones concretas del contrato.
Requisitos, plazo de resolución y una fianza con dos referencias posibles
El artículo 14 señala un plazo de 10 días hábiles para que la Secretaría de Gobierno otorgue la autorización. Los artículos 11 a 13 integran 21 requisitos documentales. Entre ellos aparecen nombre o razón social, domicilio, modalidad solicitada y municipios de operación; acta constitutiva para personas morales; comprobante de domicilio; uniformes y equipo; constancias de afiliación a IMSS e INFONAVIT; programas de capacitación; antecedentes penales del personal y cartilla militar.
El reglamento también pide una fianza por 5,000 salarios mínimos. Con el salario mínimo general 2026 de $278.80 diarios, la equivalencia de referencia es $1,394,000 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, que incluye municipios coahuilenses como Piedras Negras y Acuña, el salario mínimo 2026 es de $419.88 diarios; 5,000 salarios mínimos representan $2,099,400 pesos.
El propio reglamento habla de “salario mínimo general vigente en el estado” y no especifica zona. No es responsable seleccionar uno de esos importes como definitivo sin confirmarlo con la autoridad. La autorización dura un año, es prorrogable por periodos iguales y es personal e intransferible, conforme al artículo 22.
Sanciones que incluyen multa, suspensión y cancelación
El artículo 37 contiene 24 supuestos de infracción. Los artículos 38 y 39 contemplan amonestación para una primera infracción, con multa por reincidencia; multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el estado; suspensión temporal de hasta seis meses; y cancelación definitiva conforme al supuesto.
Con el salario mínimo general 2026 de $278.80 diarios, el tope de multa equivale a $1,394,000 pesos. La suspensión corresponde a diversas fracciones del artículo 37 y su reincidencia cancela definitivamente la autorización. La falsificación de documentación también tiene cancelación definitiva. El reglamento no identifica una sanción administrativa directa para quien contrata: sus consecuencias se dirigen al prestador.
Cómo verificar a su proveedor
1. Pida la autorización vigente. Debe identificar al prestador y permitir revisar que el documento no sea solo publicidad o una razón social sin respaldo.
2. Relacione el tipo de prestador con el servicio. Protección personal, seguridad interna, alarmas o asesoría en prevención no son el mismo alcance.
3. Revise la vigencia y el carácter personal. La autorización dura un año, puede prorrogarse y es intransferible; no trate un documento anterior como evidencia indefinida ni como permiso de otra entidad.
4. Consulte el listado oficial. Úselo como contraste y conserve el resultado junto con los documentos de la empresa.
5. Documente la revisión. Aunque no se identificó una sanción directa al cliente, guardar autorización, vigencia y alcance respalda la decisión de contratación.
La autorización es el filtro regulatorio inicial. No acredita por sí sola cobertura de turnos, calidad de supervisión ni respuesta a incidentes; el contrato y la evidencia operativa deben revisarse por separado.